Regulación en la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en México
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Regulación en la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en México
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La regulación de infraestructura de carga para vehículos eléctricos en México establece un marco clave para impulsar la electromovilidad. Con ella surgen desafíos técnicos y administrativos, pero también oportunidades significativas para el crecimiento sostenible del sector automotriz en el país.
La movilidad eléctrica se ha convertido en un eje central de las políticas energéticas y medioambientales en todo el mundo, y México no es la excepción.
En un esfuerzo por transitar hacia una movilidad más sostenible y alineada con los objetivos globales de reducción de emisiones, el Gobierno mexicano ha establecido un marco regulatorio para la integración de infraestructura de carga de vehículos eléctricos (VE) y vehículos eléctricos híbridos conectables (VEHC) al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Este artículo explora los aspectos más relevantes de esta regulación, los retos y las oportunidades que esta normativa representa para el desarrollo de la electromovilidad en México.
Contexto de la electromovilidad en México
México se enfrenta a desafíos significativos en la transición hacia la electromovilidad. A diferencia de países como Estados Unidos y Alemania, donde la adopción de vehículos eléctricos ha sido más acelerada, México ha tenido un crecimiento más moderado en este sector.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la venta de vehículos eléctricos y híbridos en 2023 representó un crecimiento del 220% en comparación con 2021, lo que muestra un avance significativo, pero aún insuficiente para alcanzar los objetivos ambientales y de sostenibilidad establecidos a nivel internacional.
Para apoyar esta transición, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha emitido las Disposiciones administrativas de carácter general (DACG) en materia de electromovilidad, un documento que establece las disposiciones administrativas para la integración de infraestructura de carga de VE y VEHC al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Este marco regulatorio busca no solo promover la adopción de estos vehículos, sino también asegurar que la infraestructura de carga sea segura, accesible y eficiente.
¿En qué consiste el marco regulatorio propuesto por las DACG?
El documento establece un conjunto de disposiciones administrativas de carácter general para la integración de infraestructura de carga de vehículos eléctricos y vehículos híbridos conectables al Sistema Eléctrico Nacional. Este acuerdo representa un esfuerzo significativo por parte de la CRE para crear un entorno regulatorio que facilite la expansión de la electromovilidad en el país. Entre los aspectos más relevantes del acuerdo se encuentran los siguientes:
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Obligaciones técnicas y administrativas
Uno de los puntos que destaca es la obligatoriedad de ofrecer al menos dos tipos de conectores en las estaciones de carga. Esto a pesar de que esta medida había sido previamente retirada tras comentarios de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).
Esta regulación tiene implicaciones directas en la adopción de nuevas tecnologías, como el conector NACS (North American Charging Standard), promovido por Tesla. Frente a este punto, Raúl Moreno, CEO de NextGen Intelligence y consultor de la industria automotriz, destaca que la inclusión forzada de múltiples tipos de conectores podría ser innecesaria y podría generar complicaciones adicionales para los operadores de estaciones de carga.
Además, el acuerdo establece que todos los cargadores deben estar conectados a medidores separados, lo que implica la instalación de centros de carga independientes. Esto busca asegurar que la infraestructura de carga no interfiera con el suministro eléctrico de otras instalaciones y que la gestión de la energía sea más precisa y controlada. Sin embargo, esta medida también podría aumentar los costos de implementación para los operadores, quienes tendrían que asumir los gastos adicionales de instalación y mantenimiento de estos medidores separados.
El Acuerdo DACG en materia de electromovilidad también regula la instalación de puntos de carga gratuitos en vías públicas, los cuales deben cumplir con obligaciones adicionales de señalización y estar conectados a medidores separados. Esta regulación se basa en la necesidad de garantizar que todos los puntos de carga, incluidos los gratuitos, operen bajo estándares de seguridad y calidad consistentes, evitando así posibles abusos o irregularidades en su operación.
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Desarrollo de la plataforma digital de electromovilidad
El acuerdo también prevé el desarrollo de una plataforma digital que permitirá monitorear y gestionar la evolución de la infraestructura de carga en todo el país. Esta plataforma, que se espera esté operativa en un plazo de 24 meses, proporcionará información crucial sobre las estaciones de carga, como su ubicación, tipo de conector, precios y disponibilidad. Hasta que la plataforma esté completamente desarrollada, las estaciones de carga deberán publicar esta información en sus propias páginas electrónicas o aplicaciones móviles.
No obstante, Moreno expresa preocupación por la efectividad y la implementación de esta plataforma. Según él, la CRE ha intentado desarrollar herramientas similares en el pasado, como una plataforma para reportar estaciones de carga, que hasta ahora no ha sido completamente funcional. Esta falta de precedentes exitosos genera dudas sobre si la nueva plataforma digital de electromovilidad cumplirá con sus objetivos dentro del plazo establecido de 24 meses.
Impacto y beneficios de la regulación
Uno de los principales beneficios identificados es la potencial reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), derivada de una mayor adopción de vehículos eléctricos. Además, la regulación podría mejorar la eficiencia energética del SEN al promover la integración de tecnologías avanzadas, como la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) y los Sistemas de Almacenamiento de Energía (SAE).
Por otro lado, se estima que la regulación traiga beneficios económicos derivados de una mayor competencia en el mercado de estaciones de carga, incentivada por la obligación de ofrecer múltiples tipos de conectores y niveles de carga. Esta competencia podría, a su vez, acelerar la adopción de vehículos eléctricos y reducir los costos para los consumidores finales.
Sin embargo, según un análisis realizado por la Comisión Reguladora de Energía, también se han identificado varios riesgos asociados con la implementación de esta regulación. Uno de ellos es la posible saturación de la red eléctrica durante las horas pico, debido a un aumento en la demanda de carga de vehículos eléctricos. Esto podría requerir inversiones significativas en la ampliación y modernización de la infraestructura eléctrica, lo que representaría un desafío tanto para el Gobierno como para los operadores privados.
Comparación internacional y mejores prácticas
México no es el único país que enfrenta estos desafíos. Otros países en América Latina, como Colombia, Costa Rica, Chile y Perú, han avanzado en la regulación de la infraestructura de carga que refleja buenas prácticas aplicables a otros mercados.
- En el caso de Colombia, el Ministerio de Minas y Energía emitió la Resolución número 40223 en 2021, que establece condiciones mínimas para la infraestructura de carga de VE y VEHC. Esta resolución exige que las estaciones de carga cumplan con normas de seguridad específicas y que los prestadores del servicio registren su infraestructura en una plataforma centralizada gestionada por el Ministerio. Esta plataforma, llamada CÁRGAME, permite a los usuarios consultar en tiempo real la ubicación de las estaciones de carga, el tipo de conector, y el precio del servicio. Este enfoque regulatorio ha permitido un crecimiento significativo en la infraestructura de carga en Colombia, lo que ha contribuido al aumento en la venta de vehículos eléctricos.
Leer más: China y Estados Unidos: una contienda por los vehículos eléctricos en América Latina
- Costa Rica, por su parte, ha adoptado un enfoque regulatorio que combina la seguridad con la transparencia. El Decreto Ejecutivo número 41642-MINAE, emitido en 2019, regula la construcción y operación de centros de recarga eléctrica, estableciendo que estos deben proporcionar información clara sobre el servicio, incluyendo tarifas y tiempos de carga. Además, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) ha establecido una tarifa única para la carga de vehículos eléctricos, lo que proporciona certidumbre tanto a los usuarios como a los operadores de estaciones de carga.La regulación costarricense también exige que los centros de recarga estén interconectados a una única plataforma informática, lo que permite una gestión más eficiente y transparente del servicio.
- Finalmente, en países como Chile y Perú la regulación se ha centrado en asegurar que tanto los equipos como el personal involucrado en la instalación de estaciones de carga cumplan con los estándares más altos de seguridad. En Chile, el pliego técnico normativo RIC No. 15 establece que solo personal autorizado puede realizar la instalación de infraestructura de carga, y que los equipos deben cumplir con ciertos requisitos técnicos y de certificación. De manera similar, en Perú, el Decreto Supremo N° 036-2023-EM establece que los puntos de carga deben utilizar equipos certificados y ser instalados por personal calificado.
Desafíos y oportunidades
La regulación de la electromovilidad en México presenta tanto desafíos como oportunidades para el desarrollo del sector. Por un lado, la implementación de las Disposiciones administrativas de carácter general (DACG) en materia de electromovilidad requerirá una inversión considerable en infraestructura y tecnología, tanto por parte del Gobierno como de los operadores privados. Además, la creación de una plataforma digital de electromovilidad funcional y eficiente será clave para garantizar la transparencia y la eficiencia en la gestión de la red de carga.
Por otro lado, esta regulación también ofrece oportunidades para el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos en México. Al establecer un marco regulatorio claro y detallado, el Gobierno está enviando una señal positiva a los inversionistas y fabricantes de vehículos eléctricos, quienes pueden ver en México un mercado atractivo para expandir sus operaciones. Además, la regulación podría incentivar la innovación en el desarrollo de nuevas tecnologías de carga y en la creación de modelos de negocio más eficientes y competitivos.
En última instancia, la regulación de la electromovilidad en México representa una oportunidad para transformar el sector del transporte y alinearlo con los objetivos globales de sostenibilidad. Si se implementa de manera efectiva, esta regulación podría posicionar a México como un líder en la adopción de tecnologías limpias en América Latina, contribuyendo a la creación de un futuro más limpio y sostenible para las generaciones venideras.
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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, anunció, mediante comunicado de prensa, que las exportaciones del sector manufacturero completaron cinco meses consecutivos de crecimiento. De acuerdo con la entidad, en febrero, el comportamiento positivo de las exportaciones colombianas estuvo impulsado por las ventas externas del sector agropecuario y de alimentos (9 %) y de los combustibles (8,9 %). La ministra de Comercio, Industria y Turismo, MarÃa Lorena Gutiérrez, manifestó su satisfacción por el resultado y explicó que la recuperación de la economÃa global incidió en el buen desempeño de las exportaciones colombianas. “El alza que muestran las exportaciones manufactureras es muy relevante. Esto es resultado de la polÃtica de diversificación de la oferta exportable en la que estamos empeñados y del trabajo de profundización y aprovechamiento de los acuerdos comerciales. Invito a los empresarios a seguir trabajando juntos en este proceso”, señaló la ministra Gutiérrez. El incremento de las ventas externas manufactureras en febrero estuvo impulsado por diferentes bienes. Productos como equipos de transporte (148,3%),  manufacturas de caucho (112,5%), abonos (97,6%), equipos y materiales fotográficos (93,1%), manufacturas de corcho y madera (89%), plásticos en formas primarias (78,5%), hierro y acero (51%), edificios prefabricados (46,5%), manufacturas de minerales no metálicos (46,3%) y productos medicinales y farmacéuticos (38,9%), entre otros, impulsaron esta clase de ventas. En cuanto al sector de las exportaciones agropecuarias y de alimentos se destacan productos como: pescado (155,9%), azúcares y preparados con azúcar y miel (111,7%), tabaco y sus productos (77,4%), aceites y grasas fijos de origen vegetal (71,6%), pienso para animales (50,7%), carne y preparados de carne (45,9%) y bebidas (42,5%), entre otros. Por otro lado, las exportaciones totales colombianas en el primer bimestre aumentaron 13,9 % al compararlas con igual periodo de 2017. Las manufactureras crecieron 20,5%, las agropecuarias y de alimentos 17,7% y las de combustibles 15,3% en los dos primeros meses del 2018. Argentina, con un incremento de 158%, Paraguay (133,2%), Canadá (135,4%), Austria (119,7%), Francia (83,4%), Corea del Sur (40,5%), Costa Rica (15,7%) y Estados Unidos (4,6%) son algunos de los socios comerciales a los que más crecieron las exportaciones colombianas en los dos primeros meses de este año.El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, anunció, mediante comunicado de prensa, que las exportaciones del sector manufacturero completaron cinco meses consecutivos de crecimiento. De acuerdo con la entidad, en febrero, el comportamiento positivo de las exportaciones colombianas estuvo impulsado por las ventas externas del sector agropecuario y de alimentos (9 %) y de los combustibles (8,9 %). La ministra de Comercio, Industria y Turismo, MarÃa Lorena Gutiérrez, manifestó su satisfacción por el resultado y explicó que la recuperación de la economÃa global incidió en el buen desempeño de las exportaciones colombianas. “El alza que muestran las exportaciones manufactureras es muy relevante. Esto es resultado de la polÃtica de diversificación de la oferta exportable en la que estamos empeñados y del trabajo de profundización y aprovechamiento de los acuerdos comerciales. Invito a los empresarios a seguir trabajando juntos en este proceso”, señaló la ministra Gutiérrez. El incremento de las ventas externas manufactureras en febrero estuvo impulsado por diferentes bienes. Productos como equipos de transporte (148,3%),  manufacturas de caucho (112,5%), abonos (97,6%), equipos y materiales fotográficos (93,1%), manufacturas de corcho y madera (89%), plásticos en formas primarias (78,5%), hierro y acero (51%), edificios prefabricados (46,5%), manufacturas de minerales no metálicos (46,3%) y productos medicinales y farmacéuticos (38,9%), entre otros, impulsaron esta clase de ventas. En cuanto al sector de las exportaciones agropecuarias y de alimentos se destacan productos como: pescado (155,9%), azúcares y preparados con azúcar y miel (111,7%), tabaco y sus productos (77,4%), aceites y grasas fijos de origen vegetal (71,6%), pienso para animales (50,7%), carne y preparados de carne (45,9%) y bebidas (42,5%), entre otros. Por otro lado, las exportaciones totales colombianas en el primer bimestre aumentaron 13,9 % al compararlas con igual periodo de 2017. Las manufactureras crecieron 20,5%, las agropecuarias y de alimentos 17,7% y las de combustibles 15,3% en los dos primeros meses del 2018. Argentina, con un incremento de 158%, Paraguay (133,2%), Canadá (135,4%), Austria (119,7%), Francia (83,4%), Corea del Sur (40,5%), Costa Rica (15,7%) y Estados Unidos (4,6%) son algunos de los socios comerciales a los que más crecieron las exportaciones colombianas en los dos primeros meses de este año.